Con matices, voces de la oposición han explicitado la necesidad de avanzar en un ingreso universal para la población de entre cero y 18 años. Por su lado, las principales voces del Gobierno han ratificado su idea fundamental en estos años: "La principal política social es el trabajo". ¿Se trata acaso de agendas antagónicas? No lo son. Por el contrario, implican aspectos complementarios de una cuestión crítica de la sociedad argentina actual: la dificultad de millones de familias para obtener los ingresos necesarios que permitan mejorar su nivel de vida.
Sin embargo, ni los necesarios avances hacia un INGRESO SOCIAL (que requerirá articularse con una reforma fiscal que permita plasmar en la realidad el potencial carácter redistributivo de la medida), ni los esfuerzos por generar empleos formales que faciliten el acceso a la Seguridad Social contributiva, son suficientes para afrontar la DEUDA SOCIAL. El bienestar no se reduce solamente a los ingresos monetarios, sino que implica, también, asegurar la seguridad alimentaria, contar con una buena educación, tener una apropiada prevención y atención sanitaria, acceder a vivienda y hábitat dignos.
Considerando las marcadas desigualdades entre las provincias, la tarea que tiene el Estado por delante es ardua y compleja. El mayor reto actual consiste en avanzar hacia la real conformación de un sistema integral (y federal) de protección social, con perspectiva de derechos.
Los conflictos por la distribución de los recursos se constituyen en un asunto crítico. La suma de los gastos sociales no contributivos, más el seguro de desempleo y las asignaciones familiares (dos políticas de protección social de carácter contributivo), asciende a 37 mil millones de peso (el 27%) del gasto social previsto en el Presupuesto 2009. Afrontar esta pugna distributiva en "clave" de las necesidades de las mayorías implicará no sólo tensiones al interior del Poder Ejecutivo (nacional, provincial y municipal), sino también entre éste y los Poderes Legislativos y Judiciales del país. Ojalá la clase política argentina esté a la altura de los problemas sociales que enfrentamos.
Sin embargo, ni los necesarios avances hacia un INGRESO SOCIAL (que requerirá articularse con una reforma fiscal que permita plasmar en la realidad el potencial carácter redistributivo de la medida), ni los esfuerzos por generar empleos formales que faciliten el acceso a la Seguridad Social contributiva, son suficientes para afrontar la DEUDA SOCIAL. El bienestar no se reduce solamente a los ingresos monetarios, sino que implica, también, asegurar la seguridad alimentaria, contar con una buena educación, tener una apropiada prevención y atención sanitaria, acceder a vivienda y hábitat dignos.
Considerando las marcadas desigualdades entre las provincias, la tarea que tiene el Estado por delante es ardua y compleja. El mayor reto actual consiste en avanzar hacia la real conformación de un sistema integral (y federal) de protección social, con perspectiva de derechos.
Los conflictos por la distribución de los recursos se constituyen en un asunto crítico. La suma de los gastos sociales no contributivos, más el seguro de desempleo y las asignaciones familiares (dos políticas de protección social de carácter contributivo), asciende a 37 mil millones de peso (el 27%) del gasto social previsto en el Presupuesto 2009. Afrontar esta pugna distributiva en "clave" de las necesidades de las mayorías implicará no sólo tensiones al interior del Poder Ejecutivo (nacional, provincial y municipal), sino también entre éste y los Poderes Legislativos y Judiciales del país. Ojalá la clase política argentina esté a la altura de los problemas sociales que enfrentamos.
Por: Fabián Repetto, codirector del Programa de Protección Social de CIPPEC
Clarín, martes 14 de julio
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