ENRIQUECER LA CIUDADANIA

La pobreza por ingresos. La carga adicional sobre los jóvenes. El peso de la informalidad. La segmentación de la clase trabajadora. La necesidad de ampliar la política social. Ampliar la frontera de la ciudadanía, un camino a retomar. Explotación, evasión impositiva, pobreza: eslabones de una cadena.

Por Mario Wainfeld
Página/12, domingo 16 de agosto de 2009

El diputado Agustín Rossi lo anunció pasada la medianoche del miércoles, en su notable discurso de cierre del debate sobre las facultades delegadas. El oficialismo se dispone a instar la unificación de los proyectos parlamentarios sobre una asignación universal a la niñez, con miras a tratarlo y hacerlo ley. Las noticias más pimpantes de los diarios del jueves fueron otras, entre ellas la “media sanción” de la prórroga de las facultades delegadas, incluidas las retenciones.

El lanzamiento de un ambicioso plan de empleo por parte de la Presidenta (a los ojos del cronista muy voluntarista y de difícil concreción) dejó algunas dudas acerca de la compatibilidad de ambas medidas. Como fuera, el Gobierno se hizo pie de un enfoque específico de la pobreza por ingresos, se comprometió a tratar de resolverlo, lo que sería un logro. El círculo se redondearía virtuosamente si el ingreso universal a la niñez fuera de las vías elegidas, jamás la única, sí la de más calidad.
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Pobreza por ingresos: La pobreza no es exclusivamente la falta de ingresos para subvenir a las necesidades básicas. También se expresa en limitaciones habitacionales, alimentarias, en perspectivas laborales. Los ciudadanos pobres carecen, amén de plata, de “capital social”. Los pobres se alimentan de modo menos equilibrado, a menudo viven hacinados, reciben peor asistencia médica. Muchos derechos constitucionales les están cercenados. Un ecosistema pobre agranda riesgos y debilidades. Por dar un ejemplo cualquiera, los habitantes de barrios carecientes o villas acceden a peores medios de transporte, de peor mantenimiento, sus servicios se discontinúan con facilidad, los bondis están más expuestos a delitos con violencia urbana. Si bajan de la vereda del barrio y son embestidos por autos con treinta o cuarenta años de rodaje seguramente ni tendrán el consuelo de una indemnización porque sus dueños no tienen cobertura de seguro de daños contra terceros.

El círculo vicioso de la pobreza es cruel e inexorable, queda dicho.

Pero la pobreza por ingresos es una característica conspicua de la estructura social. Y se acentuó en el bienio más reciente. Hoy y aquí el núcleo de la pobreza no es, del todo, la falta de trabajo. Esta columna no aspira al rigor numérico (bien esquivo en la Argentina, además), los datos que se mencionan son gruesos, aspiran a iluminar tendencias, no a la precisión matemática. Vaya uno: dos tercios de los pobres laburan pero no consiguen parar la olla.

La segmentación del mercado de trabajo es una referencia creciente de las dos últimas décadas. Durante los gobiernos kirchneristas se generaron millones de puestos de trabajo. A ojo de buen cubero, pero sin exagerar, más de la mitad son informales. Los trabajadores con empleo, salario pagado con sobre y contribuciones empresarias, han mejorado bastante su condición desde 2003. Los informales están por debajo, lejos de sus hermanos de clase y más expuestos a vicisitudes. El trabajo “en negro” recibe remuneraciones menores, es más precario en el tiempo, minga de beneficios sociales o de cobertura de salud. Las expresiones “en blanco” y “en negro”, que portan un adecuado sesgo discriminatorio, son cruelmente ilustrativas.

Las mujeres y hombres que changuean o trabajan por temporada han tenido peripecias evidentes después de la crisis de los noventa, rematada a principios del siglo XXI. En el lapso comprendido entre 2002 y 2005 muchos migraron desde el desempleo a alguna forma de ocupación. Es difícil sobredimensionar tamaño cambio en la vida, sería inhumano desconocerlo o minimizarlo. Ese envión es uno de los méritos patentes del gobierno de Néstor Kirchner y una justificación de su apuesta al crecimiento a todo trapo, torrentoso y hasta atolondrado. La salida de la parálisis, de la depresión comunitaria, reactivó el aparato productivo, impactó en la vida cotidiana de millones de personas, acrecentó su autoestima.

De paso cañazo, robusteció la legitimidad del gobierno acrecentando el poder político de modo general, en un país que estaba coqueteando con la disolución nacional, aun en materia monetaria. El consumo recuperado fue motor del consenso, una ecuación cara al mejor rostro del peronismo o de los populismos en general.

La trayectoria del conjunto de los trabajadores informales permitió que muchos pasaran al universo del empleo digno. Pero el conjunto relegado siguió siendo muy amplio. Su suerte fue variando al compás de la evolución del “modelo”. Puede trazarse una homología de sus vaivenes con los del voto kirchnerista, especialmente en el denso conurbano bonaerense. Gran ascenso entre 2003 y 2005, amesetamiento en una zona más alta en 2005 y 2007, descenso marcado en 2009. Para la mirada impresionista de este escriba, es clavado que ésa fue una de las concausas de la floja performance del kirchnerismo en lo que se suponía su bastión electoral.

Los tiempos recientes, con inflación perdurable y baja en la actividad, castigaron especialmente a ese estamento social. Los manejos estadísticos que calculan cuántos pobres más o menos hay al vaivén de la canasta familiar son distorsivos si se computan mes a mes. Pero, computando lapsos más largos, radiografían las peripecias de quienes no gozan de ingresos estables ni de protecciones laborales.

El discurso oficial suele proponer que “la mejor política social es la creación de puestos de trabajo”. A la luz de lo reseñado, valdría la pena emprolijar la consigna, que como tantas del kirchnerismo es tan válida en su intención cuan imperfecta por su falta de detección de la complejidad y de los cambios de escenario. La creación de empleo, formal y protegido, es un objetivo insuperable. Pero el “trabajo”, a secas, no da toda la talla. En el primer trance, para salir “del infierno” tal vez las diferencias entre trabajo “en blanco y en negro” fueran menos significativas, dada la magnitud de la malaria. Tras años de crecimiento chino, el trabajo charro no se basta: dos tercios de los pobres disponen de conchabo y ahí están.

En el piso de la estructura social, para colmo, subsiste un núcleo duro de pobreza extrema, de gentes que no conocieron un veranito en este siglo. ¿Diez por ciento, algo menos? La dimensión de la exclusión hace ociosas esas especulaciones.

Son imperiosos, pues, atacar la pobreza por otros abordajes. Los llamados “planes de ingresos” son clave. He ahí la primera, gran justificación de la necesidad de un ingreso universal. Hay otras que aluden a la calidad de la ciudadanía, ameritan un apartado aparte.
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Más derechos, mejor ciudadanía: El primer peronismo, como el kirchnerismo, tuvo su edad de oro en sus primeros años. El economista Enrique Silberstein arriesgaba que la perduración del justicialismo en los ’70 se debía a las medidas tomadas en el ’44 y el ’45. Quizá exageraba algo pero indicaba un hecho sugestivo. A diferencia del kirchnerismo, el peronismo no se confinó a mejorar la condición obrera en materia económica. Fue promotor de un amplio abanico de nuevos derechos, predominantemente laborales: la indemnización por despido incausado, las vacaciones pagas, la tutela sindical, la cobertura médico asistencial. Los hubo también de otro pelaje: se consagraron equitativos derechos de los hijos extramatrimoniales, de las mujeres en la esfera privada. En la pública, se impuso el voto femenino. Se corrió, con provecho, la frontera de la ciudadanía con normas generales.

Las conquistas laborales, que eso son los derechos cuando se plasman, fueron atacadas en numerosas oportunidades, con especial saña y éxito durante la dictadura, el menemismo y el gobierno aliancista. Jamás fueron revocadas del todo, no es fácil abolir un derecho establecido en la Argentina.

Un nuevo derecho universal atenuaría, modestamente, la falta de innovaciones de ese calibre en más de medio siglo. El ingreso ciudadano procura garantizar a cada persona los derechos constitucionales, preservándola (así sea en parte) de las inequidades del mercado capitalista. Se supone que todos quienes habitan suelo argentino tienen un conjunto de derechos, pero no acceden a ellos sin sustento material. El ingreso universal los mune de una base material, inherente a su dignidad mínima.

En otros países, en general dotados de un robusto plexo de derechos como Alemania o Francia, se piensa el subsidio mínimo como un atributo de cualquier persona, el discurrir de la discusión pública en nuestro país cristalizó la potestad en cabeza de los menores. Son, al fin y al cabo, el eslabón más débil de la sociedad. Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la nación y ex ministro del ramo de Buenos Aires, sabe repetir un diagnóstico cruel: los jóvenes bonaerenses duplican las crueles marcas generales de desempleo y pobreza. Cuatrocientos mil de ellos no trabajan ni van a la escuela de modo regular.

Es costumbre decir que los padres (las madres, como regla) deberían cobrar el ingreso mensual prometiendo contraprestaciones en materia educativa y sanitaria. Es un criterio poco serio y aun odioso. Tener hijos es la condición para acceder al ingreso, el compromiso de escolarizar y cuidar es un deber inherente a la patria potestad pero no debe ser contrapartida de un derecho intocable. El sistema educativo o el Estado deben ocuparse de los (irrisorios en su magnitud) incumplimientos pero no abolir un beneficio que se consigue por la pura portación del DNI.
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Sumar, no restar: El sentido común dominante propone la universalización de la asignación familiar por hijo. El norte es adecuado, pero tal vez merece emprolijarse. Parido en épocas de pleno empleo, el salario familiar fungía como universal. Ahora es una conquista de los trabajadores formalizados que, acaso, no debería caer en la volteada. Un esquema sofisticado debería habilitar un monto igualitario para todos los hijos de trabajadores. Los formalizados lo seguirían recibiendo vía el sistema contributivo vigente, sustentado en aportes patronales. Y el resto tener un flujo de recursos de otra fuente, sin desbaratar posiciones ganadas.

El financiamiento es un punto espinoso. Incurren en simplismos quienes suponen, al voleo, que un importante flujo masivo podría sustentarse sólo con reasignaciones de partidas, trasladando a una caja única los recursos de muchos planes sociales. Eso podría hacerse, no sin dificultades, con los planes de ingresos como lo que queda del Jefes y Jefas de Hogar (JJDH) o el Plan Familias. Pero en muchos otros, hay derechos adquiridos de los beneficiarios y condicionalidades de las entidades que los financian que harían injusto o imposible el traspaso.
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Keynes se vino al barrio: Amén de la calidad institucional, existen incentivos económicos palpables. Plata fresca en hogares humildes derrama consumo inmediato, un incentivo keynesiano de manual. En Buenos Aires, Arroyo implementó un programa piloto de este jaez parcial, limitado a algunos partidos y a chicos de hasta 6 años. Se lanzó este año, lo cobran madres de 40.000 pibes. El impacto en el desarrollo local de las poblaciones concernidas fue inmediato: se gasta todo lo que se recibe, se compra cerca de la casa.
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Ahora o nunca: Todo lo referido en esta columna aspira a divulgar versiones más calificadas de funcionarios, legisladores, académicos y militantes sociales de variadas banderías que acumularon un estimable background sobre el tema, que se ha puesto de moda. El Frente Nacional contra la Pobreza, liderado por la CTA, lo inscribió en la agenda pública hace mucho tiempo. La idea fue resistida desde el disco duro del gobierno. Los tres Kirchner (los dos presidentes, la ministra), Alberto Fernández, Roberto Lavagna jamás lo digirieron. A los ojos del cronista, incide en eso un excesivo optimismo sobre la capacidad del modelo para crear empleo (hipótesis desmentida por los hechos) y un recelo por el copyright opositor. Recientemente, Amado Boudou, abrevando en sus orígenes en el CEMA, sinceró su preferencia por los planes focalizados. Francisco de Narváez piensa parecido.

Hay objeciones sensatas pero superables, como lo son las dificultades de implementación. Empero, el Estado argentino pudo articular el JJDH en una etapa de mayores limitaciones organizativas y económicas. Las duplicaciones de beneficiarios encienden demasiadas luces amarillas. Se pueden cruzar padrones, auditar. Y, en último caso, los eventuales burladores de la ley son pobres de solemnidad que no cambiarán de clase ni despilfarrarán sus manguitos en yates.

Acotar la discrecionalidad de los funcionarios es otra virtud de un plan universal. Cuando el DNI es el pasaporte al derecho, la mediación política achica su importancia.

El financiamiento es un intríngulis. El gobierno tiene ahí un punto a favor cuando exige que la cruzada ruralista no desfonde la caja fiscal.

Cuando se analice la sustentabilidad debe tenerse en mira que la pobreza no es flagelo de la naturaleza. Es un producto social, hijo de la inequidad, que se menciona pero sin hacerse cargo de sus causas. Deriva, repasemos lo antedicho, de la explotación capitalista. Y, aun de burlar la legalidad capitalista: en buena ración, de la evasión impositiva patronal que engendra el “trabajo en negro”. La carga impositiva debe contemplar esas violaciones de la ley de los que más tienen y se rasgan las vestiduras en nombre de los humildes. Bueno es recordarlo cuando las corporaciones patronales colonizan la arena política sin hacerse cargo de sus deudas.

Seguramente un plan de ingresos a la niñez debió plasmarse antes, será mejor tarde que nunca. Está de moda polemizar acerca del “progresismo” sobre todo para restárselo a contradictores políticos. Cuesta imaginar algo más progresista que una transferencia de ingresos a favor de los menores, un rediseño de la torta que contemple a los informales, de- socupados y pobres extremos. Máxime si el sustento es una tributación que sise a los que están en la otra punta de la pirámide de ingresos, muy remotos, muy holgados.

No es, ni tiene por qué ser sencillo ni barato. Es, acaso, imprescindible pero (para ser cauto) el cronista se conforma con decir que sería un avance formidable para la ciudadanía social y para el bolsillo de muchos argentinos.

EMPLEO Y ASIGNACION UNIVERSAL

Por Alfredo Zaiat
Página/12, domingo 16 de agosto de 2009

Empleo versus asignación y focalizada versus universal son los conceptos dominantes en el debate sobre el contenido de la política social para alcanzar a la población desamparada. Esa tensión también involucra la forma de abordar la cuestión de la pobreza. En este tema, la trampa de la demagogia está muy presente porque se trata de situaciones que movilizan y sensibilizan a una mayoría. Pero la cuestión es un poco más compleja que las expresiones sentidas de ciertos grupos sociales y de analistas preocupados por los buenos modales. De esas últimas fuentes aparecen iniciativas que se presentan como políticamente correctas, pero que no tienen ninguna intención de cambiar las raíces estructurales que originan la pobreza. En ese escenario, donde los líderes de la restauración conservadora aspiran a apropiarse con impunidad de la agenda de la pobreza, emerge con mayor intensidad en otros espacios políticos la discusión sobre qué es más pertinente en la actual coyuntura: impulsar una estrategia que fomente el empleo o lanzar un plan de asignación universal por hijo. En esa instancia intervienen además factores que responden al juego de la política, vinculados a la acumulación de un capital simbólico para conquistar espacios de poder y legitimidad social, y otros que están relacionados específicamente con la actuación en el terreno social.

Respecto de esa primera cuestión, la propuesta de universalizar una asignación monetaria por hijo tiene la mayor virtud en el reconocimiento de derechos de los excluidos, además de una justa reparación social por décadas de neoliberalismo. Esta iniciativa de indudable relevancia, que para los sectores más postergados significa tener más dinero en sus bolsillos, no implica necesariamente que se terminará con la indigencia o disminuirá el índice de pobreza. Esto es un aspecto fundamental para no depositar en esa iniciativa cualidades de las que carece, aspectos que si no se precisan pueden terminar deslegitimándola. La idea de una asignación universal se ha convertido en una bandera política de un amplio arco del centroizquierda. Frente a ese reclamo, el Gobierno reafirmó su posición el viernes pasado trasladando ese debate al Congreso al tiempo que presentó el plan de empleo denominado Plan de Ingreso Social con Trabajo. La base conceptual de ese proyecto es que el trabajo es el mejor equilibrador social y que sin esa condición no hay posibilidad de empezar a evaluar niveles de ingresos, el umbral de la pobreza y las condiciones para mejorar el panorama de los excluidos.

Con criterio amplio, ambas políticas no son excluyentes y sólo están limitadas por la restricción presupuestaria. Plantear un enfrentamiento de esos enfoques sólo sirve para abonar el camino para que avancen las posiciones reaccionarias, que ven a los pobres como sujetos pasivos a los que les corresponde recibir dádivas del poderoso. Esta corriente se muestra cómoda en el desarrollo de estrategias denominadas políticas asistencialistas focalizadas, que es la receta social que impulsan los organismos multilaterales de crédito, dominante en la década pasada. En su esencia, focalización es sinónimo de individualización y de competencia por la “ayuda”. Después de la experiencia de los ’90, que expresó el agotamiento de la concepción del neoliberalismo, la cuestión social adquirió otra densidad al estar vinculada con el trabajo, con el acceso de la ciudadanía a mejores niveles de vida y con la participación, lo que debería traducirse en políticas de integración articuladas y no focalizadas.

En esa instancia, aparece el debate acerca de la necesidad de instrumentar una asignación universal por hijo, que inicialmente aparece como un sendero enfrentado a la política de generar empleo para los sectores hundidos en la pobreza. En estas dos vías, que no son excluyentes sino que más bien son complementarias, la preferencia por la segunda se reconoce en la historia de la naturaleza de las políticas sociales en el país. En el libro Políticas sociales argentinas en el cambio de siglo. Conjeturas sobre lo posible, la socióloga Susana Hintze explica que “como correlato de un período histórico de altas tasas de ocupación y casi pleno empleo, a lo cual se suma la alianza que establece el gobierno peronista con los sindicatos, lo característico de la sociedad argentina fue un relativamente escaso desarrollo de la categoría de ciudadano y un amplio alcance identificatorio de la categoría de trabajador”. Para agregar que “así, en nuestro país, la expansión de los derechos sociales no estuvo ligada a la de la ciudadanía sino a la constitución misma de la categoría de trabajador”. “La universalización en este caso se derivó de la amplitud de esa categoría, casi superpuesta a la de ciudadano, más que a la ampliación de los de derechos de ciudadanía”, apuntó Hintze.

La herencia de décadas de decadencia dejó como saldo que lo que en otro momento servía como universalización de derechos sociales –el empleo–- hoy sea insuficiente por las características del heterogéneo mercado laboral, lo que implica el requerimiento de complementarla con una asignación familiar para desocupados y empleados informales. Al respecto, el economista Rubén Lo Vuolo escribió en Estrategia económica para la Argentina que “la actual situación del mercado laboral, distribución de ingresos y pobreza, vuelve recomendable cambiar dicha tradición (política de sostenimiento de ingresos vinculada con el empleo) y avanzar hacia un sistema institucional que se constituya como una red de sostenimiento de ingresos de las personas, que sea lo más incondicionada posible”.

En realidad, ambas políticas pueden convivir y no excluirse. En la práctica, existe una asignación por hijo casi universal junto a una política de empleo, que con la última iniciativa oficial se busca reforzar. Lo que sucede es que está discusión ha ingresado en un terreno bastante peculiar debido a que las áreas sociales de la administración kirchnerista se resisten a los conceptos “asignación” y “universal”. Por eso mismo se denominó “Ingreso Social con Trabajo” el plan anunciado anteayer. A esta altura se trata de una discusión improductiva entre corrientes teóricas de la ciencia social y de un ámbito de disputa en la política. De acuerdo con los datos registrados en los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social, la cantidad de beneficiarios de los distintos programas sociales alcanzan al 78,5 por ciento del total de menores de 18 años, estimados en 12,4 millones, según el último censo de 2001.

Esta cobertura se estructura de la siguiente manera:
- Empleados en relación de dependencia: 5,2 millones menores.
- Empleados que reciben más de 5000 pesos mensuales, que declaran en la AFIP los menores a cargo para la deducción en el Impuesto a las Ganancias: 800 mil menores.
- Plan Jefas y Jefes de Hogar: 636.447 menores.
- Plan Familias: 1.965.143 menores.
- Pensión No Contributiva –madre de 7 hijos–: 1.038.441 menores.
- Pensión No Contributiva –discapacidad–: 61.141 menores.
- Otras PNC: 34.562 menores.

En ese esquema quedan sin cobertura 2,6 millones de menores, de los cuales se estima que cerca de la mitad no tiene documentos de identidad, lo que hace más complicada la posibilidad de su incorporación a un programa social. En el caso de poder alcanzar a la totalidad de ese universo de niños con un monto de 150 pesos cada uno, significaría destinar del presupuesto nacional casi 4800 millones de pesos anuales. Para equiparar esa suma a los actuales planes asistenciales que se ubican por debajo de ese monto, se requeriría otros 2900 millones pesos. En total: 7700 millones de pesos por año. Interesante debate para que preocupados tardíos por la pobreza participen sobre cómo conseguir los recursos para atender a ese sector vulnerable de la sociedad. Disminuyendo y hasta eliminando las retenciones a las exportaciones de los principales cultivos, estandarte de la rebelión de la cruzada conservadora, es una medida que transita a contramano de la declamación de combatir la pobreza.

CAMBIO CLIMÁTICO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Declaración del comité de CEDAW sobre género y cambio climático

(adoptada en la 44a sesión de la CEDAW del 20 de julio al 7 de agosto, Nueva York 2009)

El Comité sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por su sigla en inglés) expresa su preocupación por la ausencia de una perspectiva de género en la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC) y otras políticas e iniciativas globales y nacionales sobre cambio climático. De acuerdo al examen de los informes de los Estados Miembro que hace CEDAW, es evidente que el cambio climático no afecta a las mujeres y a los hombres de la misma manera y que tiene un efecto diferenciado sobre los géneros. Sin embargo, las mujeres no son simples víctimas indefensas del cambio climático, sino que son poderosas agentes de cambio y su liderazgo es crítico. Todos los involucrados deberían asegurarse de que las medidas para la reducción del cambio climático y del riesgo de desastre tengan en cuenta el género, sean sensibles a los sistemas de sabiduría indígenas y respeten los derechos humanos. El derecho de las mujeres a participar en todos los niveles de toma de decisiones debe estar garantizado en las políticas y programas de cambio climático.

Como el informe para el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático indica, el cambio climático tiene efectos diferenciales en las sociedades de diversas regiones variando según generaciones, edades, clases, grupos de ingreso, ocupaciones y géneros. Las mujeres son las mayores productoras de los cultivos que alimentan al mundo, pero enfrentan múltiples discriminaciones tales como el acceso desigual a la tierra, al crédito y a la información. Las mujeres pobres de áreas urbanas y rurales que viven en franjas costeras y bajas, tierras secas, zonas montañosas altas y pequeñas islas densamente pobladas, están en una situación particularmente riesgosa. Grupos vulnerables como mujeres mayores o discapacitadas, o grupos minoritarios como mujeres indígenas, de comunidades pastoriles, nómades y cazadoras y recolectoras también viven una situación preocupante.

Es esencial disponer de redes y seguros para la protección social y para la adaptación de planes nacionales como parte de las estrategias de reducción de la pobreza . Sin embargo, muchas mujeres carecen de acceso a servicios de salud y a la seguridad social . CEDAW reconoce que todas las mujeres tienen derecho a estándares adecuados de vida, vivienda y comunicaciones, así como al acceso inmediato a refugios ante situaciones de crisis o desastre natural, pero frecuentemente las mujeres son discriminadas al respecto. La crisis en el cambio climático puede significar la apertura de nuevas fuentes de financiamiento, nuevos negocios y nuevas oportunidades de empleo tanto para las mujeres que viven en las ciudades como para las que viven en el campo, pero las desigualdades de género persisten en ambos sectores.

Se necesitan datos disgregados por sexo, y políticas y guías para los programas de ayuda de los gobiernos que sean sensibles al género, de modo de proteger los derechos de las mujeres a la seguridad personal y a medios de vida sustentables. Las políticas que apoyan la igualdad de género en el acceso, uso y control de la ciencia y la tecnología, la educación formal e informal y el entrenamiento, potencian la capacidad de las naciones en la minimización del desastre, y en la reducción de y la adaptación al cambio climático.

El Plan de Acción de Bali que surgió de la 13ª Conferencia de las partes de UNFCCC reafirma que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son prioridades globales, y sostiene que una visión compartida debe tener en cuenta “condiciones sociales y económicas y otros factores relevantes” . La igualdad de género —incluyendo la participación equitativa de mujeres y hombres, así como la responsabilidad por los impactos diferenciales sobre mujeres y hombres del cambio climático y las medidas frente a este cambio— deben incluirse en los acuerdos de UNFCCC, en conjunto con varios acuerdos internacionales, incluyendo –pero sin limitarse a ellas-- la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing, y la resolución 2005/31 de ECOSOC.

La igualdad de género es esencial para la exitosa iniciación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de cambio climático. El comité de CEDAW llama a los Estados Miembro a incluir la igualdad de género como principio guía para el acuerdo de UNFCCC en la 15ª Conferencia de las partes en Copenhague.

[1] Resumen técnico, informe por el Grupo de Trabajo II del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, 2007, Cambridge U. Press, Cambridge, UK 2007 p. 69.
[1] Ver el Informe de Desarrollo Humano 2007/2008: Combatiendo el cambio climático: la solidaridad humana en un mundo dividido, UNDP, New York 2007.

[1] [Decisión 1/CP.13, preámbulo y 1(a)].

HAMBRE DE JUSTICIA

Por Fei Betto*

ALAI AMLATINA, 27/07/2009

Al día de hoy son ya 950 millones las personas amenazadas por el hambre crónica. Eran 800 millones el año pasado. De allá para acá aumentó el número, debido a la expansión del agronegocio, cuyas tecnologías encarecen los alimentos, y a la mayor extensión de áreas destinadas al cultivo de agrocombustibles, producidos para saciar el hambre de las máquinas y no de la gente.

El hambre es lo más letal que ha inventado la injusticia humana. Causa más muertes que todas las guerras. Elimina a cerca de 23 mil vidas al día, ¡casi mil personas por hora! Las principales víctimas son los niños.

Casi nadie muere por falta de alimentos. El ser humano soporta casi todo: políticos corruptos, humillaciones, agresiones, indiferencias, la opulencia de unos pocos. Hasta el plato vacío. Por eso se puede decir que nadie muere por la falta completa de alimentos. Los hambrientos, cuando no tienen nada que comer, llevan a la boca, para engañar al hambre, sobras recogidas en la basura, lagartos, ratones, gatos, hormigas e insectos varios. La falta de vitaminas, carbohidratos y otros nutrientes esenciales debilita el organismo y lo hace vulnerable a las enfermedades. Los niños raquíticos mueren de un sencillo resfriado, por carencia de defensas.

Hay apenas cuatro factores de muerte precoz: accidentes (de trabajo o de tránsito), violencia (asesinato, terrorismo o guerra), enfermedades (cáncer o sida) y hambre.

Ésta produce el mayor número de víctimas. Sin embargo es el factor que menos movilizaciones suscita. Hay campañas seguidas contra el terrorismo o para curar el sida, pero ¿quién protesta contra el hambre?Los miserables no hacen protestas. Sólo quien come se pone en huelga, sale a las calles, manifiesta en público su descontento y reivindicaciones. Como esa gente no sufre amenaza de hambre, los hambrientos son ignorados.

Ahora los líderes de las naciones más ricas y poderosas del mundo, reunidos en el G-8, en L'Aquila, Italia, a principios de junio, decidieron liberar US$ 15 mil millones para aplacar el hambre mundial.

¡Qué cinismo se gasta el G-8! Él es el responsable de que los hambrientos sean multitud. Éstos no existirían si las naciones metropolitanas no adoptasen políticas proteccionistas, barreras aduaneras, transnacionales de agrotóxicos y de semillas transgénicas. No morirían de hambre casi 5 millones de niños al año si el G-8 no manipulase a la OMC, no incentivase la desigualdad social y todo lo que la aumenta: el latifundio, la especulación con los precios de los alimentos, la apropiación privada de la riqueza.

¡Sólo 15 mil millones de dólares! ¿Saben esos señores y señoras del G-8 cuántos millones destinaron para salvar, no a la humanidad, sino al mercado financiero, desde setiembre del 2008 a junio del 2009? ¡Mil veces esa cantidad! 15 mil millones de dólares sirven sólo para ofrecer unos caramelos a algunos hambrientos. Sin contar con que buena parte de esos recursos irá a la bolsa de los corruptos o servirá de moneda de cambio electoral. 'Le doy un pan, deme un voto'.

Si el G-8 tuviera verdadera intención de erradicar el hambre del mundo promovería cambios en las estructuras mercantilistas que rigen la producción y el comercio mundiales, y canalizaría más recursos hacia las naciones pobres que hacia los agentes del mercado financiero y a la industria bélica.

Si los dueños del mundo quisieran acabar realmente con el hambre declararían el latifundio un crimen de lesa humanidad y permitirían la libre circulación de alimentos, parecido a lo que sucede con el dinero. De igual manera, si tuvieran también el propósito de erradicar el narcotráfico, en vez de agarrar a unos pocos traficantes pondrían sus máquinas de guerra a destruir definitivamente los campos de plantación de marihuana, de coca, de opio y de otros vegetales, transformándolos en áreas de agricultura familiar. Sin materias primas no hay traficante capaz de producir droga.

Decir que el G-8 intenta acabar con el hambre o salvar el planeta de la degradación ambiental equivale a esperar que la próxima Navidad Papá Noel traiga de regalo una vida digna para todos los niños pobres. Tanto es el cinismo, que los líderes mundiales prometen establecer bases de sustentabilidad ambiental a partir del 2050.

Ahora bien, si la naturaleza enseña algo obvio es que, a medio plazo, estaremos todos muertos. Si la Tierra ya perdió un 25% de su capacidad de autorregeneración, ¿qué pasará si la humanidad tiene que esperar otros 40 años para que se tomen medidas eficaces?

Si los que no pasan hambre tuvieran, al menos, hambre de justicia, virtud calificada por Jesús como bienaventuranza, entonces la esperanza en un futuro mejor no sería vana.

(Traducción de J.L.Burguet)

FREI BETTO* es un fraile dominico brasileño, teólogo de la liberación. Es autor de más de 50 libros de diversos géneros literarios y de tema religioso, como "La mosca azul. Reflexión sobre el poder".