Encuentro de Saberes y Movimientos Sociales

Del 26 al 28 de mayo se realizará el "Encuentro de Saberes y Movimientos Sociales: Entre las crisis y los otros mundos posibles" en Lima.

Aquí las últimas noticias

Pronunciamiento del Encuentro de Saberes y Movimientos Sociales a un año de los sucesos de Bagua

En el marco de la reciente detención del Apu Alberto Pizango a su retorno a nuestro pais para encarar la persecusion politica y judicial de la que es objeto por parte del gobierno acerca de los nefastos sucesos de Bagua, los intelectuales, dirigentes sociales, artistas y comunicadores libres comprometidos reunidos en el Encuentro de Saberes y Movimientos hacen llegar a la opinion publica el siguiente pronunciamiento.

Democracia Global, 27-05-2010

A un año de la masacre de Bagua…

…las y los firmantes, convocados y reunidos en la ciudad de Lima para el Encuentro de Saberes y Movimientos, nos manifestamos para recordar con profunda tristeza e indignación la masacre de indígenas, policías y otros civiles, del 5 de junio del año pasado en Bagua, y para expresar a la opinión pública lo siguiente:

- Esta lucha de los pueblos indígenas peruanos hace frente a una larga historia de la sociedad oficial, que pretende invisibilizar o reprimirlos, agrediendo su existencia como pueblo, sus derechos territoriales, culturales y políticos…

- A la vez, fue una muestra de cómo opera el modelo neoliberal frente demandas legitimas de los pueblos indígenas, como también de otras poblaciones del país y del continente, de elegir su propio modelo de desarrollo distinto al capitalismo neoliberal… La victoria de los luchadores de Bagua es también la de los luchadores y luchadoras asesinad@s, lesionad@s o enjuiciad@s en Andoas, el Rio Corrientes, Huancabamba, Ayavaca, Seclla, Tambogrande, Islay y muchas otras localidades del país…

- A casi un año de producirse estos sucesos se ha logrado la aprobación por el Congreso peruano de la ley de la consulta previa establecida en el Convenio 169-OIT; pese a sus limitaciones, significa el inicio del reconocimiento de los derechos para los pueblos indígenas, que debe contribuir en perspectiva a la refundación del Perú desde la diversidad de visiones y pueblos que lo componen. La discriminación secular de eta sociedad y el modelo neoliberal en curso deben enfrentarse mediante la construcción de un estado plurinacional e intercultural, que permita la discusión inclusiva sobre los modelos de desarrollo en el Perú…

Para superar este y todos los conflictos socioambientales del país, es necesario construir una nueva relación de respeto y confianza entre los pueblos del Perú y la institucionalidad estatal, lo cual implica:

a. Una amnistía para los luchadoras y luchadores por sus protestas ante proyectos extractivos o leyes que no fueron previamente consultadas;

b. La libertad de Alberto Pizango Chota al Perú bajo condiciones de libertad y dignidad, y el reconocimiento de su liderazgo de la principal organización representativa de los pueblos indígenas amazónicos, AIDESEP;

c. la revisión de los procesos de concesiones mineras y petroleras actualmente existentes, que además de violar derechos de los pueblos indígenas han sido desarrolladas en un clima de corrupción generalizada, sin ningún respeto por los intereses del país, como confirman los famosos “petroaudios” y el lesivo contrato del gas de Camisea;

d. establecer la responsabilidad política de los sucesos en Bagua, con objetividad y sin afanes de persecución a los opositores del gobierno;

e. el respeto a la decisión de los pueblos Awajun-Wampis, Achuar del Pastaza, Kandoshi, Secoya, de Ayavaca, Huancabamba, Tarate, Candarave, Islay, Tambogrande y otros de no aceptar las actividades petroleras o mineras en sus respectivos territorios o jurisdicciones;

Desde los diferentes lugares de donde hemos venido, reiteramos nuestra solidaridad activa y continua con la lucha de los pueblos indígenas, y de otras poblaciones peruanas por un Perú más justo, democrático y digno, basado en la diversidad de sus pueblos, y en armonía con la naturaleza. Su lucha es la nuestra, una lucha por un mundo mejor donde quepan todos los mundos…

Firmas de solidaridad:

Teresita Antazú / AIDESEP (Perú)
Olmedo Auris / CGTP
Lourdes Huanca / FEMUCARINAP
Jorge Miyagui / Artista Plástico
Gina Vargas / Flora Tristán / PDTG
Rocio Muñoz / Lundú
Belissa Andia / Runa

Enviar adhesiones a: info@democraciaglobal.org

SÓLO UNIDOS PODREMOS ACABAR CON LA POBREZA Y ALCANZAR LOS ODM

Enviá una e-petición a José Luis Rodríguez Zapatero para erradicar la pobreza

Estimado/a amigo/a:

2.000 millones de personas viven con menos de 2 dólares (aproximadamente 1,35 €) al día. Esta situación es, a día de hoy, simplemente inaceptable, ya que existen los recursos necesarios para poner fin a la pobreza extrema en el mundo. Lo que falta es voluntad política.

“Erradicar la pobreza para 2015” fue el acuerdo histórico asumido por nuestros gobernantes en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas del año 2000, comprometiéndose así a trabajar juntos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el año 2015.

¡Es el momento de cumplir con lo acordado!

El 18 de junio, el Consejo de la Unión Europea, presidido por España, reunirá a los líderes europeos para acordar una posición común sobre los ODM que se presentará formalmente ante la Cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York, del 20 al 22 de septiembre.
 

¡Exige que cumplan con sus compromisos! ¡Pasa a la acción!

Escribí al Presidente del Gobierno y actual Presidente del Consejo de la Unión Europea, José Luis Rodríguez Zapatero, y reclamá que establezca un calendario con plazos vinculantes para aumentar la ayuda al desarrollo y mejorar su eficacia.

ACCIÓN URGENTE - Amnistía Internacional

UN DIRIGENTE INDÍGENA PODRÍA ENFRENTARSE A UN JUICIO INJUSTO

Segundo Alberto Pizango Chota, Presidente de una organización indígena de Perú, regresará al país, según los informes, el 26 de mayo tras varios meses de exilio en Nicaragua. Se enfrenta en Perú a cargos que parecen infundados, y podría no recibir un juicio justo.

Alberto Pizango, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), lleva exiliado en Nicaragua desde mediados de junio de 2009. Las autoridades nicaragüenses le concedieron el asilo cuando pidió refugio en la embajada de Nicaragua en la capital de Perú, Lima, después de que las autoridades peruanas lo acusaran de ser responsable de actos violentos que causaron la muerte de 33 personas en el departamento de Amazonas, en el norte de Perú, el 5 de junio de 2009. Un año después de esos sucesos, Alberto Pizango confía en regresar a Perú y volver a ocupar su cargo como dirigente de AIDESEP.

Alberto Pizango fue acusado de rebelión, sedición y conspiración contra el Estado y el orden constitucional, así como de apología de delitos contra el orden público. Sin embargo, durante el estallido de violencia, Alberto Pizango se encontraba en Lima, a cientos de kilómetros. Las pruebas en su contra parecen apoyarse exclusivamente en una conferencia de prensa dada por Alberto Pizango el 15 de mayo de 2009 y en la que pidió una “insurgencia indígena” contra el gobierno. En aquella conferencia de prensa, al parecer aclaró que la insurgencia era un llamamiento al gobierno para que anulara una serie de leyes que se estaban aprobando sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, como primer paso para entablar un diálogo en pie de igualdad. Alberto Pizango se retractó públicamente al día siguiente, en presencia del procurador de los derechos humanos, y su retractación se publicó en el sitio web de AIDESEP, y también en la prensa.

Amnistía Internacional cree que los cargos contra Alberto Pizango parecen basarse únicamente en la interpretación gubernamental de los hechos, que no se basa en pruebas reales. Por ello, la organización teme seriamente que Alberto Pizango no tenga un juicio justo a su regreso a Perú.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:

- pidiendo que el gobierno de Perú se asegure de que los cargos contra Alberto Pizango se retiran inmediatamente;
- instando a las autoridades a abstenerse de hacer declaraciones públicas sobre este caso que puedan impedir que Alberto Pizango reciba un juicio justo;
- recordando a las autoridades que los pueblos indígenas de Perú llevan décadas enfrentándose a malos tratos y discriminación a manos del Estado, y que tienen derecho a elegir a sus propios representantes y a reclamar sus derechos, consagrados en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 7 DE JULIO DE 2010 A:

Sr. Alan García Pérez
Presidente de la República del Perú
Palacio de Gobierno
Plaza Mayor
Lima 1, PERÚ 
Fax: : + 511 311 3940
Correo-e.: vía sitio web:
http://www.presidencia.gob.pe/cartas_presidente.asp

Tratamiento: Sr. Presidente

Dra. Gladys Margot Echaíz Ramos
Fiscal de la Nación / Ministerio Público
Av. Abancay  cdra. 5 s/n
Lima 1, PERÚ
Fax: +511 426 2800

Tratamiento: Sra. Fiscal

Y copia a:

Organización indígena
AIDESEP
Av. San Eugenio 981 – Urb. Santa Catalina
La Victoria / Lima 13
PERÚ 
Fax: +511 472 4605
Correo-e.: aidesep@aidesep.net.pe 

Envíen también copia a la representación diplomática de Perú acreditada en su país.

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

INFORMACIÓN ADICIONAL
 

El 5 de junio de 2009, 33 personas murieron y al menos 200 resultaron heridas cuando la policía dispersó a los indígenas awajún y wampís que habían cortado un tramo de la carretera de Fernando Belaúnde Terry, conocido como la Curva del Diablo, que conduce a Bagua, en la provincia de Bagua, y Bagua Grande, en la provincia de Utcubamba. De los 33 fallecidos, 23 eran policías y 10 eran civiles, cinco de ellos indígenas. Once de los policías murieron mientras estaban como rehenes de los manifestantes indígenas en la estación de bombeo núm. 6 de Petroperú, a 80 km. de Bagua, cerca de la localidad de Imacita, provincia de Bagua; los otros 12 murieron durante la operación policial en el corte de carretera. Además, se desconoce el paradero de un policía.

Amnistía Internacional considera que estos trágicos sucesos eran el resultado predecible y prevenible del constante incumplimiento por parte de las autoridades peruanas de su deber de respetar, promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas en la región amazónica. Hay tratados internacionales de derechos humanos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo o la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que protegen a los pueblos indígenas frente a la pérdida de sus tierras y recursos en nombre del desarrollo, y que se han adoptado precisamente para evitar la pérdida de vidas y medios de sustento y para garantizar que las comunidades disfrutan sin discriminación de todos sus derechos humanos, indispensables para su dignidad.

Los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados de buena fe antes de que se adopten y apliquen medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar. Sin embargo, en 2008, las autoridades dictaron una serie de decretos leyes sobre el uso de la tierra y los recursos en regiones del país ricas en recursos naturales, incluida la región amazónica, sin consultar a los pueblos indígenas que viven en ellas. Cuando éstos protestaron por los decretos leyes y reclamaron sus derechos humanos, no sólo no les escucharon sino que, el 5 de junio de 2009, sufrieron malos tratos y tortura, fueron detenidos arbitrariamente y algunos murieron.

APOYAR AL JUEZ GARZÓN

Cuando los asesinos usan la ley pasa lo de España donde no se ha hecho justicia de los crímenes de la guerra civil (un millón de muertos!!)... o como en Chile, donde las leyes de la dictadura persisten y el abuso también.
El Juez fue quien puso a Pinochet al descubierto en el mundo entero... y eso no se lo perdonan.
 

Firmá la petición

Gracias por difundir!

Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas IV

Las redes, plataformas y organizaciones de Europa y América Latina y el Caribe, reunidas en Madrid del 14 al 18 de mayo, durante la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas IV, reivindicamos nuestro derecho a plantear alternativas al modelo neoliberal y a los tratados de libre comercio, y creemos en nuestra capacidad para construir un dialogo político y social entre los pueblos.

Estamos inmersos en una crisis civilizatoria que afecta a todo el planeta, donde son los grupos sociales más vulnerables y los pueblos del Sur los que están soportando la carga más pesada. Mientras millones de trabajadoras y trabajadores han perdido su trabajo, sumiéndose en la pobreza y precariedad, el sistema financiero obtiene ganancias multibillonarias con el apoyo de los Estados del Norte.

La crisis económica mundial está lejos de ser resuelta y los planes de rescate se han dirigido a defender los intereses del gran capital, como lo demuestran las recientes medidas de ajuste estructural exigidas a Grecia por parte de la UE, y los anuncios en la misma dirección por parte de España y Portugal. La historia de América Latina y el Caribe demuestra el impacto devastador de estas políticas de recorte del gasto público, privatizaciones y desregulación económica.

Justo cuando se cumplen dos siglos del inicio de las luchas de independencia en varios países de América Latina y el Caribe, la UE propone una “alianza” estratégica que supone volver al pasado. La creación de una «Zona Euro-Latinoamericana de Asociación Global Interregional», sustentada en la aprobación de una serie de acuerdos de libre comercio para proteger los intereses de las multinacionales europeas en América Latina y el Caribe y cercenar las posibilidades de una integración regional y birregional sobre nuevas bases.

En América Latina y el Caribe han surgido varios gobiernos progresistas y de izquierda sensibles a las exigencias de los movimientos populares, que buscan caminos alternativos de desarrollo más acordes con sus realidades locales, y defienden su soberanía nacional. La derecha mundial, al tiempo que intenta desprestigiar y desestabilizar esos gobiernos, sigue predicando políticas de corte neoliberal que han sido promovidas por multinacionales europeas –en particular españolas dentro de América Latina y el Caribe–, y que cuentan con el apoyo de la UE. Estrategias como la “Europa Global : Competir en el Mundo” y “Europa 2020” van a seguir generando elevados costos sociales y agravando las desigualdades entre Estados y al interior de cada país.

En Europa, con el Tratado de Lisboa se ha reforzado un modelo de integración antidemocrático y capitalista. La privatización de los servicios públicos junto a la vulneración de los derechos sociales y laborales consolida la Europa Fortaleza, de carácter militar, represivo y excluyente, en detrimento de la Europa Social.

Ante estas realidades la organización, la resistencia, la dignidad, la solidaridad y la movilización social son y serán factores esenciales para sostener los logros América Latina y el Caribeanzados, impedir una vuelta al pasado, y conquistar nuevos avances tanto en América Latina y el Caribe como en Europa. Nuestra estrategia de lucha y resistencia común se basa en la solidaridad entre nuestros pueblos, para la construcción de una sociedad en la cual los derechos económicos, políticos, laborales, sindicales, sociales, culturales y ambientales sean la prioridad y razón de ser de las políticas gubernamentales.

En este sentido :

1. Rechazamos enérgicamente los Tratados de Libre Comercio, los Acuerdos de Asociación (AdAs) y los tratados bilaterales de inversión (TBIs) –o Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs)– pactados entre algunos gobiernos latinoamericanos y europeos, que han sido negociados a espaldas y en contra de los intereses de nuestros pueblos. En particular, rechazamos el Acuerdo de Asociación UE Cariforum, la firma de tratados con Colombia, Perú y Centroamérica y la reanudación de negociaciones con el Mercosur.

2. Rechazamos que la cooperación al desarrollo forme parte de estos acuerdos al servicio de intereses económicos privados. Queremos una cooperación que fortalezca la capacidad de los actores sociales y de los Estados para diseñar e implementar políticas que apunten a combatir la injusticia social.

3. Rechazamos la implementación de planes de ajuste estructural e intervención del FMI en los países de Europa y América Latina y el Caribe para hacer frente a la crisis económica. Reivindicamos la moratoria inmediata sobre el pago de la deuda publica y la realización de auditorías para la cancelación de deudas ilegitimas.

4. Continuaremos buscando soluciones reales a la crisis ambiental y climática, basadas en la justicia climática y en la necesidad de cambiar el sistema, que produce la destrucción del planeta. Para frenar el cambio climático es necesario que la UE reduzca sustancialmente sus emisiones de gases de efecto invernadero a nivel domestico. Reclamamos a los gobiernos europeos que paguen las deudas ecológicas que acumulan con los pueblos del sur, incluida América Latina y el Caribe, para el financiamiento de la mitigación y supervivencia al cambio climático. Ante el fracaso de la Cumbre sobre el Clima de Copenhague, nos comprometemos a implementar las propuestas acordadas en la “Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra”, celebrada en Cochabamba en Abril 2010, como por ejemplo la creación de un tribunal de justicia climática.

5. Apoyamos a todas luchas de los movimientos campesinos de América Latina y el Caribe y Europa por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, la reforma agraria, contra los transgénicos y en defensa de sus territorios. La agricultura campesina, familiar y de pequeña escala alimenta a los pueblos y enfría el planeta.

6. Mantendremos nuestra lucha en favor de la democracia participativa, directa y plural, y nos opondremos a los intentos de coartarla. Apoyamos las luchas contra la impunidad y por la justicia para las víctimas de los genocidios. Rechazamos la criminalización de la protesta social.

7. Exigimos la ruptura de relaciones diplomáticas y financieras con el gobierno de Porfirio Lobo en Honduras, rechazado por varios gobiernos. Dicho Gobierno es proveniente de un golpe de Estado, elegido en condiciones antidemocráticas, sostenido a costa de la represión a los movimientos sociales y la violación de los derechos humanos. Apoyamos la lucha del frente de Resistencia Popular de Honduras y su lucha por una asamblea constituyente.

8. Rechazamos la militarización y la visión que desconoce la capacidad del pueblo haitiano para definir su propio destino, con el pretexto de la ayuda humanitaria. Exigimos el respeto a la soberanía del pueblo haitiano, la anulación de la deuda externa de ese país, y el pago de reparaciones.

9. Exigimos a la UE la derogación de la Posición Común contra Cuba.

10. Acusamos a la UE, a sus instituciones y a sus gobiernos de flagrante complicidad en la violación de los derechos humanos, por ejemplo en Colombia, Honduras, Perú, Guatemala y México, países donde dirigentes sociales son asesinados cotidianamente y la protesta social es reprimida.

11. Repudiamos las políticas que aplica la UE en materia de inmigración, porque amenazan gravemente la democracia y la paz entre nuestros pueblos al fomentar la xenofobia y el racismo. Participamos y apoyamos las luchas de los movimientos y redes de migrantes contra la Europa Fortaleza, con sus campos de internamiento para extranjeros (CIE) y su “Directiva del Retorno” justamente llamada “Directiva de la Vergüenza”. Esta política migratoria representa la otra cara de la Europa del Capital.

12. Denunciamos la militarización de nuestros continentes y, en particular, el carácter belicista del gobierno de Colombia. La instalación de 7 bases militares de los Estados Unidos en este país representa una amenaza a la paz y estabilidad de la región. Reiteramos nuestra condena a la política belicista de la UE en Afganistán bajo la egida de la OTAN, así como el uso de millonarios recursos para sostener una maquinaria de guerra que podrían emplearse para otras prioridades de carácter social.

13. Apoyamos la lucha del pueblo griego en la defensa de sus derechos, que representan los derechos de todos los pueblos europeos.

14. Nos comprometemos a trabajar para consolidar un espacio político de solidaridad -en la que participan una diversidad amplísima de movimientos sociales y políticos- que abogan por una integración social, económica, de género, política, ambiental y cultural, y que sea alternativa a la que propone la Unión Europea (UE) y varios de los gobiernos de América Latina y el Caribe.

15. Nos comprometemos a fortalecer y consolidar nuestras luchas frente al poder corporativo y a abrir una nueva etapa de trabajo de la Red Enlazando Alternativas hacia la constitución de un instrumento internacional vinculante para juzgar crímenes económicos. La sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), “La Unión Europea y las Transnacionales en América Latina. Políticas Instrumentos y actores” ha contribuido a este propósito.

16. Apoyamos y formamos parte de las luchas que libran las comunidades afrodescendientes, las mujeres, los jóvenes y los excluidos de la América Latina y Europa, que están sufriendo los efectos de la crisis con mayor dureza.

17. Hacemos nuestras las luchas y reivindicaciones de los pueblos originarios y por el buen vivir, la creación de estados plurinacionales y el reconocimiento y defensa de los derechos de la madre tierra, que contribuyen a la necesidad de desarrollar modos de consumo y producción que son sostenibles, responsables y justos.

18. Saludamos los compromisos de los gobiernos de América Latina y el Caribe para romper con siglos de dependencia económica, el saqueo de los recursos naturales y la expoliación de los territorios.

19. Llamamos a los pueblos europeos a levantarse para construir otra Europa. Agradecemos a las y los integrantes de los colectivos del Estado español su esfuerzo y ayuda para la realización de nuestra Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas IV, y damos la bienvenida a las compañeras y compañeros que desde ya están dispuestos a iniciar los preparativos para la Quinta Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas a realizarse en 2012.

Dedicamos esta Cumbre de los Pueblos a la memoria de la activista indígena Betty Cariño, quien fue asesinada en Oaxaca (México), el 27 de abril, por su labor contra las transnacionales mineras. Hacemos este homenaje en representación de todas las personas asesinadas a causa de su lucha social y política, y a todas las víctimas del modelo neoliberal injusto y excluyente en América Latina, el Caribe y Europa

Madrid, 16 de mayo de 2010

Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social

El proyecto* de Ley que ponemos a consideración se funda en 2 ejes:

• La definición de la actividad financiera es un servicio público
• Se concibe la Ley a partir de las necesidades de los usuarios y no de las entidades financieras

La actividad Financiera como servicio público
La actividad financiera es un servicio público orientado a satisfacer las necesidades transaccionales, de ahorro y crédito de todos los habitantes de la Nación, y contribuir a su desarrollo economito y social.(Art. 1 )

Proyecto de Ley concebido a partir de las necesidades de los usuarios
• Orientación del crédito hacia las micro, pequeñas y medianas empresas y regulación de tasas de interés activas
• Establecimiento de “Servicios Esenciales” dirigidos hacia los sectores de menos ingresos de la población con un nivel máximo de comisiones (en algunos casos sin comisiones)
• Creación de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el Ámbito del Banco Central
• Constitución de un Departamento de Atención al Usuario de Servicios Financieros en cada entidad financiera
• Definición de un Código de Conducta para las entidades

Objetivos de la Ley:• Promover el acceso universal a los servicios financieros
• Proveer medios de pago y transaccionales eficientes para facilitar la actividad económica y las necesidades de los usuarios
• Fortalecer el ahorro nacional mediante productos financieros acordes a las necesidades de los usuarios
• Proteger los ahorros colocados en las entidades financieras, en particular a los correspondientes a los pequeños y medianos ahorristas.
• Impulsar el financiamiento productivo general, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales
• Promover el crédito destinado a satisfacer las necesidades de vivienda y consumo de las personas y grupos familiares
• Alentar una distribución regional equitativa de la actividad financiera
• Preservar la estabilidad del sistema financiero

Nuevas condiciones para las regulaciones
A las habituales ponderaciones de clase, naturaleza jurídica y otras para establecer regulaciones y exigencias diferenciales, por este proyecto el BCRA deberá tener en cuenta también:
• Origen del capital de las entidades
• Características económicas y sociales de los sectores y regiones atendidos

Diferenciación entre entidades nacionales y extranjeras
• Se incorpora una definición precisa para diferenciar las entidades de capital nacional y las de capital extranjero. Sucintamente, aquella que tenga más de un 30% de capital de origen extranjero, o que su decisión prevalezca en las asambleas de accionistas, será considerada como extranjera
• Para las entidades financieras de capital extranjero y para las representaciones de entidades financieras del exterior se incorporan criterios más restrictivos para su actuación en el sistema financiero nacional. Algunos de estos criterios se encontraban presentes en textos legales anteriores a la Ley 21.526
• Se otorga al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de autorización para el funcionamiento de nuevas entidades de capital extranjero, así como para aumentos de participación en el capital de entidades financieras y nuevas inversiones del exterior en el sistema financiero. Además, se reestablece el criterio de reciprocidad con los países de origen

Nuevos requisitos para autorizar sucursales
• Se establece que la política de autorizaciones de filiales deberá guiarse por el objetivo de ampliar la cobertura geográfica del sistema financiero de modo de facilitar el acceso de los usuarios a sus servicios, así como evitar una excesiva concentración de filiales en las diferentes plazas, en particular en los centros urbanos densamente poblados

Publicidad
• Se obliga a las entidades locales de capital extranjero a poner en conocimiento del público los supuestos en que su grupo accionario mayoritario no respalde en su totalidad las operaciones realizadas en la Argentina

Operaciones de las entidades financieras
• Se establece un listado taxativo de operaciones para los Bancos Comerciales con el criterio de “banca universal”, abandonando el criterio anterior de admitir toda operatoria que no se encuentre expresamente prohibida
• Se establecen disposiciones más estrictas sobre la explotación de empresas no financieras por parte de las entidades. Se anula la posibilidad de que las entidades financieras sean propietarias de acciones de otras entidades financieras

Regulaciones
• Calce de operaciones en moneda extranjera. Los depósitos en moneda extranjera deberán aplicarse mayoritariamente en operaciones en las cuales el deudor tenga ingresos en moneda extranjera
• Tasas de interés Máxima para préstamos a micro y pequeñas empresas: las tasas no podrán superar en una proporción del 5% a una tasa promedio ponderada del sistema financiero para ese segmento.
• Tasa de interés Máxima para préstamos personales inferiores a los $100.000 (idem anterior)

Democratización de los Servicios Financieros
• Se encomienda al Banco Central establecer un listado de “Servicios Esenciales” que las entidades deberán ofrecer dirigidos hacia los sectores de menores ingresos de la población, para que los que se fijarán pautas operativas determinadas y un nivel máximo de comisiones
• Las entidades financieras deberán destinar, directa o indirectamente, no menos de un 38% del total de sus financiaciones al sector privado a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes) y un 2% a microemprendimientos
• Se impone a las entidades financieras la realización anual de un “Informe sobre Contribución a la Democratización de los Servicios”, como sucede en otros países

Protección del Usuario de Servicios Financieros
• Se crea la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central cuya misión consiste en la defensa y protección de los intereses de los usuarios financieros frente a los actos, hechos u omisiones de las entidades financieras. Son funciones de la Defensoría constituirse como segunda instancia de reclamos interpuestos por los usuarios y realizar análisis y estudios sobre las necesidades, intereses y grados de satisfacción de los usuarios
• Las entidades están obligadas a dar tratamiento y resolver los reclamos que presenten sus usuarios, por lo que al efecto deberán disponer de un Departamento de Atención a Usuarios de sus servicios financieros
• Se encomienda al Banco Central implementar un Código de Conducta de las entidades financieras

Defensa de la Competencia
• El Banco Central deberá monitorear el nivel de concentración de las diferentes operatorias y adoptar medidas correctivas cuando se vean afectadas las condiciones de competencia
• Ninguna entidad financiera privada podrá tener una participación en el conjunto del sistema financiero superior al 8%, tanto en el total de los depósitos provenientes del sector privado, como en el total de préstamos otorgados al sector privado

Garantía de Depósitos
• El proyecto propone un régimen con garantía Estatal, garantizado por el Estado Nacional, que resulta obligatorio para todas las entidades financieras, con un límite de hasta $100.000 por depositante o su equivalente en moneda extranjera y cualquiera sea la tasa pagada por los depósitos. La idea es reincorporar al seno del BCRA el Sistema de Garantía de Depósitos que fue parcialmente privatizado mediante la Ley 24.485. Se transfieren al Estado Nacional los activos del “Fondo de Garantía de los Depósitos” que administrará al Banco Central. El objetivo es generar un sistema más productivo desde el punto de vista del depositante.

*Proyecto presentado por Carlos Heller, Martín Sabbatella, Jorge Rivas, Vilma Ibarra, Ariel Basteiro, Nélida Belous y Silvia Vázquez.

Fuente: Página Web de Carlos Heller - 26.04.2010

APOYA AL JUEZ GARZON

Cuando los asesinos usan la ley pasa lo de España donde no se ha hecho justicia de los crímenes de la guerra civil (un millón de muertos!!)... o como en Chile, donde las leyes de la dictadura persisten y el abuso también.

Firmar y divulgar!  El Juez fue quien puso a Pinochet al descubierto en el mundo entero... y eso no se lo perdonan.

Gracias por difundir y firmar la petición!

 

http://www.afeco.org/