23 de julio de 2009

EL VOTO DE LOS POBRES

La discusión sobre las elecciones y lo que sigue

Qué pasará con el kirchnerismo?

El sociólogo Fortunato Mallimaci* analiza los mitos que rodearon la elección confrontados con lo efectivamente sucedido. A partir de los resultados, el periodista Martín Rodríguez bucea sobre la relación del kirchnerismo con el PJ y plantea caminos posibles de salida después de la derrota.

Los resultados de las últimas elecciones han puesto algunos temas nuevamente en debate. No son nuevos pero muestran concepciones, interpretaciones y miradas que después de 26 años ininterrumpidos de democracia van dejando su huella. No está de más repetir que el mundo social es una combinación de hechos y de múltiples interpretaciones de esos hechos.

¿Por qué los ciudadanos votamos como votamos en elecciones universales, obligatorias y secretas? Una primera afirmación es por múltiples y complejas racionalidades que entrelazan pertenencias sociales e intereses con emociones, identidades familiares, simbólicas y por supuesto según creencias, memorias, promesas y esperanzas a venir. Los determinismos -sean cuales fueran- no sólo no ayudan sino que entorpecen los análisis.

Uno de esos "lugares" estigmatizados desde hace décadas es el conurbano bonaerense. Hay lecturas más de ciencia ficción que de análisis social, quizá por ser el conglomerado más complejo y donde vive casi la cuarta parte de los argentinos. Más allá del análisis de los resultados, proponemos ahondar algunas reflexiones.

Resumamos algunos de los lugares comunes de muchos de los análisis publicados antes y después de las elecciones:

- Los "aparatos" partidarios inclinan balanzas para uno u otro lado. Si bien es cierto que sus personeros no han perdido las "mañas", que varios de ellos son "impresentables" y que habrá que hacer cumplir la ley que obliga a las elecciones internas y a la transparencia en la gestión, nada indica que tengan el poder ni la credibilidad para que "todos" los acaten. Las especulaciones en torno de traiciones, dobles juegos o poder absoluto no alcanzan a explicar los resultados. Página/12 ha señalado muy acertadamente que aun si los votos de las listas de concejales se hubieran volcado a la lista nacional, habría sucedido una derrota para el oficialismo.

- Las campañas publicitarias y los sondeos influyen en los resultados. Si bien han sido "escandalosas" las sumas de dinero utilizadas durante la campaña por listas oficialistas y opositoras transgrediendo toda la normativa vigente en flagrante asimetría con otras, por sí solas no alcanzan para decidir el voto de millones de personas. Como prueba basta mencionar el desempeño de las listas de Nuevo Encuentro y Proyecto Sur, que se costearon "a pulmón".

- Los medios de comunicación masiva manipulan las conciencias. Si bien ha habido "uso y abuso" de las empresas mediáticas en posiciones políticas explícitas de apoyo al arco opositor, de campañas sistemáticas contra el Gobierno, pretendiendo revitalizar miedos e incertidumbres, no es comprobable que manipulen y determinen el voto del conjunto de la población. Lo sucedido otras veces en nuestro país y en el resto de América latina relativiza esa afirmación. El rol de los medios es sin embargo un debate pendiente y por eso es tan importante una nueva ley de radiodifusión que democratice la actual concentración empresarial y garantice una amplia y plural libertad de información.

- El fraude es la constante en el conurbano. Una vez más, como ha sucedido en otros comicios, el "fantasma" del fraude fue repetido hasta el cansancio por la oposición y sus empresas mediáticas. Lo mismo había sucedido en elecciones anteriores. Si bien es posible que algunos "pícaros" aprovechen situaciones límite y es fundamental aplicarles todo el rigor de la ley, en éstas y otras elecciones no hubo denuncias fundamentadas. Si ganan los "nuestros" el comicio fue transparente, si ganan "los otros" hay sospecha permanente. O como se repitió antes de las elecciones, "son legales pero ilegítimos". Quienes irresponsablemente anunciaron fraude hasta el domingo a la tarde juegan con fuego y ponen en peligro la institucionalidad democrática. No se han escuchado hasta ahora autocríticas al respecto.

- El conurbano es un territorio homogéneo lleno de pobres e indigentes. Esta es una falsedad. Lo que caracteriza la zona es la heterogeneidad de situaciones, identidades y la desigual presencia estatal. Conviven personas con trabajo estable con una gran mayoría que vive de changas y de su propio esfuerzo; jóvenes socializados en una cultura mediática del aquí y ahora con adultos provenientes de la cultura del trabajo; identidades políticas que se recrean mayoritariamente desde el territorio donde fuera de los oficialismos y grupos religiosos no hay casi ninguna otra presencia; personas y familias que se socializan en la vida cotidiana en una delgada línea que separa "lo legal" de "lo ilegal", lo formal de lo informal, lo público de lo privado y la seguridad de la inseguridad. Los pobres del conurbano han tenido suerte diversa en los últimos años: algunos han mejorado considerablemente sus condiciones de vida vía su incorporación al trabajo y otros han continuado en situaciones de alta vulnerabilidad, con escasa o nula asistencia estatal. Para la gran mayoría de ellos, la lectura del pasado, del presente y de las promesas hacia el futuro se hacen y recomponen desde una densa cultura peronista con múltiples identidades: fuertes para unos, hechas y recompuestas por su propia cuenta en otros y en numerosas redes sociales para los demás, que se reconocen o no en el PJ, en sus dirigentes o en otros peronistas y se diferencian según momentos, situaciones y expectativas. Esta heterogeneidad puede también explicar la diversidad del voto.

- El clientelismo es la principal forma de hacer política. En esta afirmación está en juego cómo se caracterizan las personas y sus vínculos con el Estado, la sociedad política y civil. Se supone que los "votos populares" son "retribuciones" a favores recibidos por los funcionarios estatales. Es innegable que la supresión y disminución de derechos universales y la privatización de servicios esenciales como educación, salud, seguridad, trabajo, vivienda y alimentación traen aparejadas limitaciones a la libertad. Pero deducir de esto conductas de las personas y predecir comportamientos sistemáticos es sobre todo un problema ideológico. Es una mirada clasista, racista y discriminadora. Lo interesante es que el estigma de clientelismo se aplica sólo a los empobrecidos y a los vulnerables, puesto que son considerados objetos, cosas, "carenciados" y no personas humanas sujetos de derecho. Son los actores e instituciones que defienden cargos, poderes e intereses -económicos, educativos, mediáticos, religiosos, militares- los que se expresan desde esa lógica, diciendo que los empobrecidos son personas engañadas, compradas, poco conscientes, poco educadas, falsas, víctimas.

Los aparatos, las campañas, los medios y las triquiñuelas de unos pocos son temas a tener en cuenta pero ellos solos no explican el voto ciudadano. Pueden y crean "climas de época" pero para ganar deben asentarse sobre identidades socio-políticas-religiosas y espacios territoriales y simbólicos en continua recomposición y negociación. A través del voto algunos ratifican que creen que sus promesas se están cumpliendo, otros rechazan el camino realizado, para volver al pasado, y otros buscan nuevas promesas en otros caminos. Si deseamos profundizar la democracia, se debe partir del reconocimiento de que los empobrecidos tanto como los enriquecidos, los trabajadores y los empresarios, los que viven en los cientos de barrios cerrados y abiertos del conurbano son personas libres, creativas, creadoras, racionales, soñadoras, conscientes y que toman decisiones propias al optar por su voto, como lo hacen respecto de su sexualidad, su religión y su porvenir. No hay ni aquí ni allí votos cautivos o personas "disponibles" sin historias y sin vivencias, sino identidades amplias que negocian, se recomponen, se trasladan, toman distancias de unos y otros según grupos, territorios y momentos históricos.

En la campaña electoral que acaba de finalizar, la mayoría de los candidatos y partidos políticos hablaron de terminar con la pobreza a partir de implementar una asignación universal mensual por hijo. Es una oportunidad para ampliar la democracia y sus derechos aquí y ahora. Si deseamos aumentar los márgenes de libertad, creatividad e institucionalidad en nuestra sociedad, ésta debería ser la primera ley que el Parlamento debería aprobar.

* Sociólogo UBA/CEIL-Conicet.

Una respuesta a la universalización

El Gobierno evalúa extender el salario familiar a los trabajadores no registrados y desocupados

Página/12 - Miércoles, 22 de julio de 2009
Por Martín Piqué
La idea del Ejecutivo es ampliar los beneficios que hoy sólo cobran los privados a informales y desocupados. Percibirían una suma de alrededor de 135 pesos mensuales por hijo. Los cobrarían las madres, salvo que el niño viva con el padre.
En la propuesta trabajan funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kirchner.

El Gobierno está evaluando extender el beneficio del salario familiar a los trabajadores no registrados y también a los desocupados. El salario familiar es la asignación mensual que cobran los padres que están empleados en el sector privado en relación de dependencia. La idea del Ejecutivo es ampliar estos beneficios a los asalariados en negro y a los desocupados. El proyecto permitiría que todos los jefes y jefas de familia de la franja poblacional más vulnerable -donde abunda la informalidad y empieza a crecer el desempleo como consecuencia de la crisis- reciban alrededor de 135 pesos mensuales por hijo sin que deban resignar otros beneficios. La iniciativa se está estudiando de manera conjunta en el Ministerio de Desarrollo Social y también en la Anses, el organismo encargado de liquidar cada mes los adicionales por salario familiar que reciben los trabajadores en relación de dependencia del sector privado.

La iniciativa que se está evaluando en el Ejecutivo pretende responder los reclamos por una "universalización" de la política social que enarbola la mayor parte de la oposición. En esa propuesta está trabajando todo el gabinete de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, aunque la discusión, por ahora, está concentrada en círculos restringidos. El proyecto en cuestión no significa implementar la asignación universal por hijo que inicialmente proponía la CTA y que en la campaña electoral sumó el aval de una buena parte del arco opositor. El argumento principal del Ejecutivo es que la universalización de una asignación por hijo es impracticable por su altísimo impacto fiscal (el diputado Adrián Pérez, jefe del bloque de la Coalición Cívica, estimó en 25 mil millones anuales el costo de universalizar un subsidio mensual por hijo).

Otra crítica que plantean economistas e intelectuales que están trabajando en el tema es que si los 135 pesos mensuales por hijo se pagaran a todos los jefes de familia del país, se producirían situaciones bastante contradictorias. Por ejemplo, un padre que trabaja en relación de dependencia en el sector privado y que recibe remuneraciones bastante altas -de las que le deducen mensualmente el impuesto a las Ganancias- sería favorecido por partida doble: el primer beneficio, que ya está vigente, es el pago menor de Ganancias ya que todos los meses se le descuenta del impuesto una cifra correspondiente a cada hijo en concepto de salario familiar. A esa ventaja se le sumaría además el subsidio mensual por hijo implementado por la universalización. Eso derivaría en que algunos jefes de familia verían duplicados los beneficios recibidos por cada hijo. "Esa situación sería intolerable", analizó ante Página/12 uno de los especialistas que están diseñando alternativas.

La duplicación de la ayuda por hijo favorecería a los que pagan Ganancias pero dejaría en una posición desventajosa a los jefes de familia del sector informal o desocupado, precisamente, los más pobres. Para evitar estas contradicciones, quienes impulsan la universalización están empezando a aceptar límites a ese universo: empieza a cobrar fuerza la idea de que los beneficios se destinen sobre todo a los desocupados y a los trabajadores informales. Una de las líneas de trabajo que están circulando es extender las ventajas que fueron reglamentadas en la ley 24.174. Dicha normativa fue pensada para el sector privado, hoy se está evaluando beneficiar a quienes no entran en esa categoría.

Una novedad es el principio que subyace detrás del proyecto: el monto a cobrar por hijo -probablemente 135 pesos- quedaría enmarcado dentro del régimen de seguridad social y no como complemento del sueldo. Eso permitiría que el subsidio mensual sea cobrado por las madres, salvo que los niños vivan con el padre y éste pueda demostrarlo.

16 de julio de 2009

La deuda social es el gran tema

Con matices, voces de la oposición han explicitado la necesidad de avanzar en un ingreso universal para la población de entre cero y 18 años. Por su lado, las principales voces del Gobierno han ratificado su idea fundamental en estos años: "La principal política social es el trabajo". ¿Se trata acaso de agendas antagónicas? No lo son. Por el contrario, implican aspectos complementarios de una cuestión crítica de la sociedad argentina actual: la dificultad de millones de familias para obtener los ingresos necesarios que permitan mejorar su nivel de vida.

Sin embargo, ni los necesarios avances hacia un INGRESO SOCIAL (que requerirá articularse con una reforma fiscal que permita plasmar en la realidad el potencial carácter redistributivo de la medida), ni los esfuerzos por generar empleos formales que faciliten el acceso a la Seguridad Social contributiva, son suficientes para afrontar la DEUDA SOCIAL. El bienestar no se reduce solamente a los ingresos monetarios, sino que implica, también, asegurar la seguridad alimentaria, contar con una buena educación, tener una apropiada prevención y atención sanitaria, acceder a vivienda y hábitat dignos.

Considerando las marcadas desigualdades entre las provincias, la tarea que tiene el Estado por delante es ardua y compleja. El mayor reto actual consiste en avanzar hacia la real conformación de un sistema integral (y federal) de protección social, con perspectiva de derechos.

Los conflictos por la distribución de los recursos se constituyen en un asunto crítico. La suma de los gastos sociales no contributivos, más el seguro de desempleo y las asignaciones familiares (dos políticas de protección social de carácter contributivo), asciende a 37 mil millones de peso (el 27%) del gasto social previsto en el Presupuesto 2009. Afrontar esta pugna distributiva en "clave" de las necesidades de las mayorías implicará no sólo tensiones al interior del Poder Ejecutivo (nacional, provincial y municipal), sino también entre éste y los Poderes Legislativos y Judiciales del país. Ojalá la clase política argentina esté a la altura de los problemas sociales que enfrentamos.
Por: Fabián Repetto, codirector del Programa de Protección Social de CIPPEC
Clarín, martes 14 de julio

Un Bicentenario sin hambre

Si se compara 2007 con 1997, la actividad económica creció un 32%. Sin embargo, la tasa de desempleo sólo descendió un 19%. Los asalariados no registrados, que representaban el 37,1%, pasaron al 41,5% del total. El ingreso promedio de los que trabajan, a valores reales, era un 22% inferior. En consecuencia, la pobreza subió un 3%, afectando a 1.300.000 personas más, en tanto que la indigencia se expandió 36%, involucrando a 1.800.000 personas más.

Lo expuesto no niega el crecimiento, solo indica que no puso en cuestión los rasgos de concentración y desigualdad de la reestructuración económica de los últimos 30 años. Así, la evolución de la facturación de las primeras 200 firmas comparada con el crecimiento del PBI indica la concentración de la economía, es decir la contracara de lo expuesto antes. Estas 200 firmas representaban el 31,6% en 1997, el 51,3% en 2005 y el 56% en 2007. En consecuencia, la desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre saltó de 22 a 28 veces en 10 años.

Es verdad que, comparadas con las magnitudes que la pobreza alcanzó en la crisis (2002), el crecimiento posibilitó su reducción. Sin embargo, este efecto positivo desaparece a partir de 2007, cuando los límites que la concentración le pone al proceso de inversión y el impacto que esto produce en términos de menor creación de empleo e inflación, comienzan a afectar el poder adquisitivo. En lugar de revisar lo que acontecía, la opción asumida fue la manipulación de las estadísticas. Resultado 1: el 33,5% de la población está en la pobreza y el 15,2%, en la indigencia a fin de 2008. Resultado 2: el Gobierno perdió las elecciones.

Este panorama irrumpe con el rostro de 6,5 millones de pibes pobres y 3,5 millones de chicos hambrientos. Situación que contrasta con la posibilidad de poner una asignación universal por hijo de $ 300 y garantizar la eliminación del hambre. Hablamos de invertir 2,2% del PBI o 15,3% de las reservas del Banco Central. La solución es hoy, y el diálogo social cobraría sentido si su objetivo fuera garantizar un bicentenario sin hambre, ordenando el resto de nuestras políticas en función de esa decisión.
Por: Claudio Lozano-Diputado (Proyecto Sur)
Clarín 12, julio 2009

2 de julio de 2009

Pronunciamiento del GCAP LAC sobre Honduras

Las Coaliciones Nacionales de América Latina pertenecientes al Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza y la Desigualdad (GCAP por su sigla en inglés), frente al golpe de estado militar perpetrado contra el gobierno democrático de la República de Honduras,

MANIFESTAMOS LO SIGUIENTE:

Rechazamos enérgicamente el rompimiento del orden constitucional en la República de Honduras, tras el golpe de estado militar perpetrado en las primeras horas de este domingo 28 de junio de 2009. Dicho acto constituye una agresión al proceso democrático latinoamericano y un retroceso inadmisible en el desarrollo de una cultura de respeto a los Derechos Humanos. Esta traición vulnera el proceso de ampliación de libertades democráticas en Honduras, que pretendía iniciarse con una consulta ciudadana para la eventual reforma de su Constitución política.

Manifestamos nuestro respaldo a la voluntad del pueblo Hondureño, a través del apoyo irrestricto al gobierno democrático del Presidente Manuel Zelaya Rosales y llamamos a nuestros gobiernos a la toma de acciones urgentes, enmarcadas en la vigencia del derecho internacional y que garanticen la integridad del pueblo de Honduras para la pronta restitución de la democracia en ese país.

Llamamos a todos los movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales latinoamericanas a expresar públicamente su repudio a este acto de traición a la democracia. Además, respaldamos las resoluciones que han tomado sobre esta crisis la Unión Europea y del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, entre otros organismos internacionales.

· Exigimos la restitución inmediata del orden constitucional y la puesta en marcha de medidas efectivas que prevengan el derramamiento de sangre del pueblo hondureño, que valiente y legítimamente está manifestando su rechazo al gobierno golpista.

· Exigimos el retiro inmediato del ejército a sus cuarteles y el término de la campaña de terror y desinformación de la que está siendo victima el pueblo de Honduras a través de un cerco mediático y el corte de los servicios de luz, Internet y teléfono.

· Demandamos el respeto a la integridad física de nuestras compañeras y compañeros de los movimientos sociales y de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran movilizados en Honduras en defensa de las libertades democráticas.

· Demandamos el inicio inmediato del diálogo político, amparado en la vigencia de la ley y el respeto absoluto a la participación ciudadana.

· Hacemos un llamado urgente a la presidencia pro-tempore, para que convoque de inmediato al Grupo de Río, quien ha demostrado su eficiencia y eficacia en la resolución de este tipo de conflictos, sin la intervención e influencia de poderes e intereses ajenos al principio de la autodeterminación de los pueblos. En este sentido, consideramos urgente la aplicación de la cláusula democrática que la comunidad de países de nuestra América, ratificó en el Pacto de San José de Costa Rica.

La agresión al pueblo de Honduras, también es una agresión contra los derechos de los pueblos de América Latina. En estos momentos, Todos Somos Honduras.

En solidaridad,

Coaliciones Nacionales Integrantes del Llamado Mundial contra la Pobreza y la Desigualdad en América Latina y el Caribe

GCAP-LAC

Junio de 2009